La urgencia de una acción colectiva y progresista frente al tráfico de drogas.
Quizá la clave haya que buscarla en un discurso que ofreció, al cumplir un año en el Palacio de Nariño, a mediados de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“Ha cambiado la estructura del mercado de la cocaína”, dijo. Antes, “las áreas de cultivo de plantas de coca y la localización de laboratorios buscaban trazar rutas hacia el norte por el océano Pacífico o hacia el Caribe. Las rutas recorrían Centroamérica, las islas del Caribe y México hacia Estados Unidos”, agregó. Como se sabe, EE.UU. es desde hace años el principal centro de consumo de drogas, y los gobiernos de ese país porfían en atacar a los proveedores extranjeros, reales o ficticios, y no ocuparse de estudiar opciones como la legalización o bien revisar la toxicidad de su propia sistema sobre la salud física y mental de su gente, la american people tan mentada. “Ahora van hacia el sur. Abandonan las costas y penetran al otro lado de la cordillera de los Andes hacia la selva amazónica”, cerró Petro su idea.
El giro del norte hacia sur en las rutas del narco (producido por el colapso del mercado de la cocaína en Estados Unidos, donde fue desplazada, al igual que la heroína, por las drogas sintéticas como el fentanilo, y la búsqueda de mercados del Atlántico para ir hacia Europa o también a Oceanía) ha tenido consecuencias nefastas para Sudamérica. Ecuador lo sabe muy bien. Mercosur y la ciudad de Rosario empiezan a conocerlas más de cerca.
Petro indicó que los nuevos circuitos narcos incluyen laboratorios en la frontera colombo-ecuatoriana y que bajan hacia el Mercosur “por los ríos”. Pronto, afirmó entonces, empezarán a trasladarse a otras partes del mundo como “África y de allí a Europa. Hacia Ecuador y Perú para pasar al Asia oriental, a Japón y Australia”, mencionó.
Las operaciones de los grupos delictivos brasileños Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho en los últimos años, la crisis virulenta que atraviesa Ecuador estallada este año pero incubada en los gobiernos desreguladores de Lenin Moreno y el banquero Guillermo Lasso, o los casos de fines de 2023 del uruguayo prófugo Sebastián Marset, con ramificaciones en su país, en Bolivia y en Paraguay, o en Argentina las bolsas y “ladrillos” con cocaína flotando por el río Paraná a la altura de la santafecina localidad de Pueblo Eshter, con el rostro de Al Pacino en “Toni Montana” grabado en los envoltorios, son ejemplos del mapa narco en la región. En el episodio argentino, las autoridades policiales creen que se trataba de una carga con destino a Oceanía (la lancha de donde cayeron accidentalmente –si no fue una señal deliberada–, fue encontrada abandonada cerca del Puerto Norte, en la costanera rosarina). Pareciera, entonces, que el diagnóstico de cambio de estrategia del narco señalado por Petro es correcto. Ya mira más al sur que al norte, donde el consumo de cocaína y heroína (algunos analistas se preguntan incluso si la caótica retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán, principal productor de opio, también tuvo que ver con eso) fue reemplazado por los opioides como el fentanilo, que están haciendo estragos. O en otras palabras, mandaron a Toni aguas abajo y allí se quedaron con Walter White.
Ecuador y Unasur
El caso ecuatoriano, “primera frontera” al sur de Colombia, por lo tanto primera estación de ese giro territorial de las rutas narcos, vive una crisis terrible desde el final de la experiencia correísta. Petro señala una “franja de 10 kilómetros” en la frontera entre ambos países, “del lado colombiano”. Luego de los años de gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), cuando Ecuador vivió en una estabilidad política y económica envidiable, ajena a los años previos cuando la pequeña nación estallaba tan seguido como sus volcanes, los mandatos de Lenin Moreno y del banquero Guillermo Lasso supusieron el regreso del neoliberalismo y de las desregulaciones que retiraron al Estado de sus responsabilidades sociales.
Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador durante varios años del gobierno de la Revolución Ciudadana, contó a este cronista en 2023, durante una de sus visitas a Argentina, que el suyo es “un país devastado, con índices de inseguridad y violencia de los más altos de la región, con el surgimiento de mafias y totales desmanejos del Estado, y con un Gobierno como el del banquero Guillermo Lasso totalmente repudiado”, tanto que debió retirarse antes del Gobierno y llamar a elecciones anticipadas. Ellas las ganó, en balotaje, el joven empresario Daniel Noboa, quien asumió en noviembre último, con el correísmo en segundo lugar, pero con poder parlamentario por haber ganado en primera vuelta sin los votos suficientes para alzarse con la presidencia (igual había ocurrido en el mandato de Lasso).
Para la dirigente exiliada en México, “esta crisis es la peor de nuestra historia. Más que la de fines del siglo XX (cuando hubo una serie inagotable de tumultos y cambios presidenciales, que derivaron en la emergencia del liderazgo de Correa). Y si en 1999, por ejemplo, tuvimos la mayor crisis migratoria por la explosión económica que derivó en la dolarización y la caótica situación social, vemos que el ministro de Economía era Lasso. Y ahora tenemos la peor salida migratoria, y él es el presidente. Todo cierra”, dijo Rivadeneira.
El narco ha avanzado en ese abandono del Estado, corrido de su deber de protección social, seguridad, ordenamiento de la vida de un país más allá de la iniciativa privada. Responsabilidad que se traslada también a la detección, prevención y combate al delito, algo que en estos años se vio desbordado y desatendido justamente por el desmantelamiento de los recursos públicos.
Narcos y anarcos
Algunos observadores han planteado que la dolarización que adoptó Ecuador como sistema monetario, en 2000, en el gobierno de Jamil Mahuad, ha facilitado las cosas al narco. Se estima que el lavado de activos, que en Ecuador equivalen a entre el 3,5% y el 4% de su PBI.
Con El Salvador y Panamá, que también siguieron ese camino, pasó algo similar. Y generan entonces gran inquietud las ideas al respecta que maneja el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, quien además se inscribe en lo que algunos llaman anarco-capitalista y, como tal, propicia tal desregulación en favor del capital que para las grandes fortunas, en general asociadas a lavado, fuga de divisas o negocios turbios, también para el narco, invita a un paraíso para el despliegue de su poder.
En verdad, no es una causa directa del problema, pero puede dar algún marco más propicio al negocio narco y a su despliegue
Juan Paz y Miño, historiador ecuatoriano, nos dice que la dolarización fue forzada por el sector empresarial ecuatoriano a fines del siglo pasado (es pertinente recordar que el ex superministro argentino de experiencias neoliberales Domingo Cavallo, tan admirado por Milei, fue asesor del proceso en Quito). “La dolarización —sostiene Paz y Miño— no es la causa de la delincuencia común ni de la que ejercen los holdings del narco, pero sí es cierto que creó condiciones muy favorables para esas organizaciones por la facilidad que tienen de contar con dólares directamente, sin necesidad de hacer cambio de moneda en el comercio de estupefacientes, a diferencia de lo que pasa por ejemplo en Perú o en Colombia”. Y agrega que “mientras en esos países los narcos tienen que cambiar dólares a sus monedas nacionales, aquí no, y eso facilita ocultar la transacción y evita el rastreo de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial sobre quien acumula riqueza mal habida. Ecuador es un paraíso para blanquear y lavar el dinero de la droga. Se acepta que unos 3.500 millones de dólares al año se lavan a través del sistema legal (ocultándolos en sectores como el bancario, el turismo, la construcción), y a eso hay que sumarle el circuito ilegal”. Finalmente, Paz y Muiño informa que el retiro del Estado facilitó también, de la mano de ese y otros negocios, una “altísima concentración económica, contracara de los altos niveles de pobreza y desempleo que vive mi país”.
Los gobiernos neoliberales, en el período de Moreno y Lasso, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina, Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otros, desmontaron asimismo instancias asociativas o integracionistas que bien pudieron haber ensayado políticas comunes de defensa ante el narco, como la Unasur.
La Unión de Naciones Suramericanas se creó en 2008, en la ola de gobiernos populares que ganaron presencia en la región. Fijó su sede justamente en Quito. Llegó a operar positivamente en conflictos político institucionales en varios países, en negociaciones con grupos armados y en la búsqueda de resolución de procesos destituyentes o directamente golpes de Estado, si bien no pudo avanzar en iniciativas como moneda común o una política de seguridad o de defensa común. Unos años después de su nacimiento, aprobó el Plan de Acción del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. Luego, los presidentes neoliberales lo desmantelaron o mantuvieron solo las formas. La sede de Quito fue desarmada. De hecho, intentaron sin éxito crear otras instituciones, como el Prosur, para “enterrar al chavismo y al kirchnerismo”, decía la prensa de derecha de entonces. Pero el Prosur, alentado por EE.UU., fue un fiasco absoluto.
Cuando Lula Da Silvia volvió a ser presidente, y con el acompañamiento del entonces presidente argentino Alberto Fernández, Petro y otros, la Unasur volvió a aparecer en el horizonte. Con Milei en la Casa Rosada, otra vez entra en zona de dudas la participación de Argentina. Pero un tramado semejante podría ser una opción para enfrenar uno de los mayores flagelos que enfrenta la región, como el auge del narcotráfico, tanto de tránsito para extra zona como para consumo regional. Sobre todo, porque en Unasur no tienen injerencia EE.UU. ni, así, sus políticas antinarcóticos, que son parte del problema y no de la solución. Generaron tanto mal en países como México, Colombia o Bolivia cuando gobiernos adeptos a Washington, no los actuales, lo permitieron. Y ahora fueron por Ecuador, que días atrás recibió la visita del asesor presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, y de la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson. Nada bueno salió nunca de la militarización incluida en el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida para México, el accionar de la DEA en nuestra región o la Ley de Promoción de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). ¿Por qué habría de ser de otro modo ahora?