Como otros países de la UE, Francia va a un fin de ciclo carcomida por la debacle social.
Por Emilio Taddei (*)
En 1669, el célebre dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, estrenaba en París El Tartufo, obra que desde entonces se transformó en una de las piezas teatrales más célebres de la dramaturgia en el mundo occidental. Molière pretendió con esta obra criticar la hipocresía de los falsos devotos que se escudaban en la fe con el único objetivo de saquear herencias, y para ello asoció en la primera versión de la obra al personaje de Tartufo con un falso sacerdote lleno de malicia. La presión de la Iglesia Católica hizo que Molière tuviera que corregir la pertenencia institucional del personaje, transformándolo en un simple falso devoto. Desde entonces, la figura de Tartufo pasó a encarnar el emblema de una persona mentirosa, lista, rastrera que no duda en engañar y aprovecharse de los inocentes que creen en su palabra.
Más de tres siglos y medio después de la aparición de esta comedia, el presidente francés Emmanuel Macron parece reeditar la pieza maestra de Molière en el papel de un actualizado Tartufo que con sus mentiras, sus engaños y su soberbia pretende arrastrar a la sociedad francesa hacia una tragedia democrática. El pulso de la vida política francesa en 2024 pareció abonar esta hipótesis y desnudar la naturaleza hipócrita de la proclamada fe democrática de Macron. El desconocimiento del resultado electoral de las elecciones legislativas anticipadas de julio, en las que su campo político conoció una aplastante derrota, constituye una insoslayable evidencia de la hipocresía democrática macronista. Este comportamiento lo consagra como un émulo del Tartufo de Molière, como un saqueador de las mejores tradiciones democráticas del pueblo francés.
El nombramiento del centrista neoliberal François Bayrou como primer ministro de Francia por parte del presidente Macron a mediados de diciembre constituye un nuevo y desesperado intento de intentar yugular la crisis política en que sumió a su país luego de la rutilante derrota electoral del campo presidencial en las mencionadas elecciones legislativas anticipadas. A fin de año, Bayrou sucedió al efímero gobierno minoritario encabezado por Michel Barnier, destituido el 4 de diciembre, por el voto de la moción de censura de 58% de les diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Dicha moción fue presentada por el grupo parlamentario de izquierda de Francia Insumisa (formación liderada por Jean-Luc Mélenchon y con representación mayoritaria en el seno del bloque progresista Nuevo Frente Popular [NFP]) ante el intento del ultraconservador Barnier de aprobar por decreto importantes recortes presupuestarios en el sistema de seguridad social, en particular las jubilaciones. El fallido intento del ex primer ministro pretendía reducir el financiamiento del sistema de pensiones para adecuarlo al espíritu de la contrarreforma de dicho sistema promovida por Macron en 2023 y que fue aprobada por decreto a pesar del masivo rechazo popular que se expresó en multitudinarias manifestaciones callejeras violentamente reprimidas.
Pese a haber contado desde su nombramiento con el apoyo no explícito del ultraderechista Agrupamiento Nacional (RN, por sus siglas en francés) de Marine Le Pen y Jordan Bardella, el oportunismo político de la agrupación de ultraderecha hizo que estos le soltaran la mano al Gobierno y votaran a favor de la censura junto con los diputados de izquierda. El voto de censura contra Barnier selló su suerte y obligó a Macron a encontrar rápidamente un sucesor. El recientemente nombrado primer ministro Bayrou, líder del minoritario partido centrista neoliberal Modem, es tildado por la gran prensa nacional como el “último de los macronistas”. Este apodo hace referencia a lo que se considera es la última oportunidad política de Macron para sostenerse en el poder y evitar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales anticipadas, reclamada por Francia Insumisa. La debilidad política del campo presidencial quedó reflejada en la primera alocución de Bayrou, quien dijo ser consciente del “Himalaya que se erige frente a nosotros: obstáculos de todo tipo. El primero es naturalmente presupuestario, pero también político y el estallido de nuestra sociedad”. Esta descarnada confesión refleja el fantasma de la ecuación política que acecha al macronismo: para lograr durar más tiempo que su predecesor, Bayrou necesita imperiosamente evitar un nuevo voto de censura alguno de los dos bloques mayoritarios en la Asamblea: el NFP y el Agrupamiento Nacional.
Un largo deterioro
La actual inestabilidad política institucional francesa da cuenta del sostenido deterioro del régimen político hiperpresidencialista de la V República, vigente desde 1958. El descrédito guarda estrecha relación con el hastío de amplios sectores populares con la pérdida de derechos sociales, con la erosión democrática y con el agravamiento de las condiciones de la vida cotidiana experimentada durante las dos últimas décadas. El correlato electoral de este rechazo a los partidos tradicionales responsables de promover el neoliberalismo “a la francesa” se refleja en el crecimiento de dos polos políticos antagónicos: Francia Insumisa o la “izquierda de recambio” por un lado y el ultraderechista Agrupamiento Nacional o RN por el otro, agrupación fundada por el recientemente fallecido emblema del fascismo francés Jean Marie Le Pen y que hoy lidera de su hija Marine. Durante el período mencionado, y bajo las sucesivas presidencias de Nicolás Sarkozy (recientemente condenado a tres años de prisión), François Hollande y de los dos mandatos del actual presidente Emmanuel Macron, el llamado “modelo social francés” de derechos sociales y democráticos erigido en el período de posguerra fue progresivamente desmantelado bajo los auspicios de las directivas neoliberales del gobierno de la Unión Europea y en beneficio de los mercados y de las grandes empresas. La austeridad presupuestaria que hoy promueven los gobiernos macronistas se funda en las nuevas pretensiones de la Comisión Europea, que busca imponer drásticas reducciones del gasto público de los países miembros para ceñirse al criterio de 3% de déficit fiscal estipulado en el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. El flagelo de la pandemia de Covid-19 habilitó el relajamiento de este criterio con el objetivo primario de subsidiar las pérdidas empresariales derivadas de la brutal disminución de la actividad económica. Los principales beneficiarios de estas medidas fueron las grandes corporaciones económicas europeas beneficiadas con cuantiosos subsidios y transferencias de fondos públicos. Para la euroburocracia neoliberal de Bruselas, llegó el momento de volver a transitar el sendero de la austeridad fiscal y pretende que el peso de los drásticos recortes en educación, salud, jubilaciones, entre otras, recaiga en primer lugar en las clases populares.
Un informe dado a conocer a inicios de diciembre por el Observatorio de las Desigualdades de Francia revela que 5,1 millones de personas (14,4% de la población) son pobres y viven con menos de 1.200 euros por mes; y 45,3% de los pobres son jóvenes (hasta 29 años), dato que ilustra el rasgo juvenil del empobrecimiento de la sociedad gala y las enormes dificultades que enfrentan en el mercado de trabajo. Las encuestas revelan que la pobreza preocupa a 83% de los franceses. Tres de cada diez personas interrogadas sobre su situación personal manifiestan ser pobres o tener miedo de empobrecerse en un futuro próximo. La frialdad de las cifras encarna, sin embargo, en innumerables rostros y trayectorias personales que reactualizan el drama que experimentado desde fines del siglo XX por los miles de víctimas de las políticas social-liberales.
En 1993, el sociólogo francés Pierre Bourdieu publicó el notable libro La miseria del mundo, consagrado a analizar diferentes aspectos de lo que muchos autores llamaron “la nueva pobreza” en los países centrales. Escrito en base a la transcripción de entrevistas y testimonios de los nuevos “excluidos” del modelo social-liberal, este libro contribuyó grandemente a visibilizar lo que hasta entonces era un (nuevo) tabú de la sociedad francesa: el empobrecimiento de miles de trabajadoras y trabajadores cuyas vidas eran trastocadas por los discursos y las políticas que pregonaban las bondades del modelo neoliberal de integración europea. La crítica situación analizada por Bourdieu no hizo más que agudizarse con la llegada del nuevo milenio. En los últimos veinte años, el número de pobres aumentó en 1 millón, lo que equivale a un crecimiento de 1,5 puntos del índice de pobreza. Si en 2002 50% de la población empobrecida ganaba menos de 772 euros por mes (luego de descontar las cotizaciones de las prestaciones sociales) en 2022 el nivel medio de vida es de 832; es decir solo 60 euros más que hace veinte años, pese a la inflación que corrió. El cuadro de situación de la pobreza resulta aún más sombrío si se toma en cuenta la crítica realidad que padecen miles de trabajadoras y trabajadores inmigrantes precarizados e indocumentados y que no está a menudo reflejada en las estadísticas oficiales. Estas poblaciones que llegan huyendo de conflictos armados, de los flagelos económicos y ambientales y de la inestabilidad política reinante en numerosos países de la periferia neocolonial europea, son víctimas de la discriminación racial, laboral y de género que alienta las formas de contratación precarias y/o en condiciones de esclavitud neoliberal.
Durante el último bienio el nivel de vida de las clases populares francesas se vio sensiblemente afectado por el aumento de la inflación, que pasó de 1,6% en 2021 a 5,2% en 2022 —luego del inicio de la guerra en Ucrania— y 4,9% en 2023. La reducción del gasto público y los anuncios recientes de importantes empresas francesas de cierre de establecimientos acompañados de despidos auguran a corto plazo un mayor deterioro de la situación. Esta realidad se manifiesta y se hace visible hoy en la diversidad de conflictos sociales que se desarrollan en el territorio metropolitano francés y también en su geografía neocolonial.
Trescientos mil empleos en el sector privado están hoy amenazados por los 250 anuncios de reestructuraciones empresariales realizados por distintas grandes empresas francesas. Grandes “insignias” de la industria automotriz francesa como Renault, Michelin y Valeo amenazan con despedir trabajadores invocando el imperativo de su reestructuración productiva impuesta para la producción de autos eléctricos. En otros importantes sectores como el comercio, la industria metalúrgica, la química, los bancos y las aseguradoras se busca avanzar con drásticas reducciones de puestos de trabajo. El jueves 12 de diciembre tuvo lugar una jornada nacional de acciones convocada por la CGT francesa frente a los establecimientos afectados por los anuncios de despidos (Décathlon, Auchan, Michelin, Venconrex, La Poste PPG, Valeo, Fundición de Bretaña, entre otras), a la que su unieron otras dos centrales, la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios. En dicha ocasión, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, señaló que estos anuncios “constituyen una verdadera sangría empresarial”. El clima social parece degradarse aún más con el anuncio de nuevos despidos como los realizados por Teleperformance y por ArcelorMittal y que amenazan 730 empleos.
El sector público fue también escenario de numerosas acciones de protesta contra los recortes presupuestarios y la austeridad fiscal. Convocada por las centrales CGT, FSU y Solidarios, el 5 de diciembre se desarrolló una jornada nacional de protesta en cuyo marco se realizaron 180 manifestaciones en todo el país con la participación de 200.000 personas. Los trabajadores estatales exigieron el reconocimiento de los días por enfermedad sin descuentos, de la Garantía individual del poder de compra (GIPA, por sus siglas en francés). Rechazaron también la profundización de la política oficial que degrada los derechos y los salarios de los trabajadores en momentos en que es necesario aumentar las dotaciones laborales y materiales en los servicios públicos. Estas acciones y reivindicaciones convergieron en la huelga del sector público del 12 de diciembre convocada con el objetivo de reivindicar el financiamiento de los servicios públicos de proximidad y las políticas públicas para todas y todos; garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los ciudadanos y usuarios; mejorar las condiciones de vida y de trabajos de los agentes públicos (salarios, anulación de la ley de contrarreforma jubilaciones, reducción del tiempo de trabajo a 32 horas semanales). Otra expresión de la crisis social en Francia es el agravamiento de las condiciones habitacionales en las grandes ciudades, en particular en París. Los jóvenes y las niñeces inmigrantes son víctimas privilegiadas de esta situación, hoy visibilizada en la ocupación del centro cultural La Gaîté Lyrique del barrio parisino de Belleville bajo la consigna ¿Qué queremos?: un techo”.
La cuestión rural, otro frente de conflicto
Desde hace ya al menos tres décadas, las políticas agrícolas neoliberales de la UE han tenido un efecto desigualador en el sector rural francés, históricamente el principal productor agropecuario del Viejo Continente. La guerra de Ucrania sumó nuevas dificultades a las que se enfrentan los pequeños agricultores y la iniciativa alemana de sellar un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE amenaza con profundizar aún más los tormentos del sector, que teme y denuncia el riesgo de que se estimule una invasión de productos agrícolas desde Sudamérica y se agrave aún más su precaria situación. Distintas organizaciones del mundo rural denuncian que el proceso de liberalización agrícola es responsable de la concentración de la tierra y de la quiebra de unidades productivas que degrada la realidad socioeconómica rural y provoca el empobrecimiento de miles de pequeños productores. Ello está reflejado en la evolución del tamaño de las unidades productivas: mientras que en 2010 el tamaño medio de las explotaciones agrícolas era de 55 hectáreas, hoy esa cifra asciende a 69 hectáreas. Actualmente, 5% de los establecimientos agrícolas que tienen más de 210 hectáreas explotan un cuarto de la superficie agrícola nacional útil. El descontento de los agricultores frente a esta realidad marcó el pulso de la protesta social francesa a lo largo de 2024 con acciones directas como bloqueos de ruta, manifestaciones ante edificios de distintos organismos públicos y marchas hacia la capital gala protagonizadas por distintas asociaciones y sindicatos del sector agrícola (FNSEA, Jóvenes Agricultores, Coordinación rural, Confederación campesina, MODEF, entre otros).
El espejo de Mayotte
El 14 de diciembre de 2024, el territorio colonial francés de la isla de Mayotte (formalmente considerado con el eufemismo neocolonial de departamento) fue devastado por el ciclón Chido, nueva manifestación del efecto de la crisis climática global. Situada en el Océano Indico, entre Madagascar y las costas del continente africano y a 60 kilómetros de las Islas Comores, Mayotte, considerada la región más empobrecida de Francia y del conjunto de la UE, fue literalmente arrasada por el devastador paso del ciclón que desnudó una realidad invisibilizada en Francia metropolitana: el de una región empobrecida como consecuencia de décadas de explotación colonial. Los datos demográficos son elocuentes de la injusticia social reinante: 77% de los 300.000 habitantes de la isla viven por debajo de la línea de pobreza (contra 14,4% en Francia metropolitana). Mientras que el PBI per cápita en el territorio francés europeo es de 36.897 euros, dicho índice en la sociedad insular se sitúa en 9.170 euros. La densidad de población insular es de 690 habitantes por kilómetros cuadrados contra 120 en la metrópoli. Uno de cada dos hogares sufre de inseguridad alimentaria y, según datos del instituto oficial de estadísticas francés INSEE, en 2022 solo un tercio de la población de entre 15 y 64 años tenía empleo. Las escalofriantes imágenes de las villas miserias devastadas por el huracán dan cuenta del padecimiento de millares de mahoríes e inmigrantes que a un mes de la catástrofe permanecían, la segunda semana de enero, aún sin acceso a los alimentos, al agua, a la atención sanitaria y a las comunicaciones.
La tragedia de Mayotte es un contundente ejemplo del impacto diferenciado de la crisis climática que descarga sus peores consecuencias sobre las poblaciones más empobrecidas, agravando aún más sus ya precarias condiciones de existencia. Arropado en la soberbia presidencial con la que edificó la crisis política que corroe la democracia francesa, Macron visitó la isla a pocos días de la tragedia para transmitir a las víctimas confianza y credibilidad en la capacidad de reconstrucción de la isla. Su soberbia masculina, blanca y neocolonial le jugó una mala pasada cuando señaló que los esfuerzos gubernamentales para la reconstrucción deberían ser acompañados simultáneamente de nuevas y más duras medidas contra la inmigración en la isla y la consecuente expulsión de las personas consideradas como “irregulares”. Recibió un baño de realidad inesperado para un jefe de Estado francés cuando un nutrido grupo de mujeres mahoríes despojadas de toda corrección política que desborda los glamorosos palacios parisinos del poder lo acusaron de mentir y engañar a los damnificados.
Quizá este emblemático gesto de dignidad de las mujeres mahoríes resuene algún día no muy lejano en los oídos presidenciales como escarmiento ante tanta soberbia, cuando el tornado de la crisis política que se nutre de la larvada crisis social francesa irrumpa por las ventanas del parisino palacio presidencial del Eliseo y sentencie el final de la “era macronista”. Será entonces el momento en que las clases populares francesas víctimas de las políticas neoliberales deberán ser capaces de desplegar una intensa solidaridad y creatividad democrática que conjure la captura definitiva del gobierno por parte de las filas neofascistas del Agrupamiento Nacional y sus variopintos aliados de derecha hoy presentes en el nuevo gobierno de François Bayrou, personaje que ha sido recientemente colocado bajo los reflectores del escenario de la tartufesca tragedia democrática de Emmanuel Macron.

(*) Emilio Taddei es Investigador de la Universidad de Buenos Aires – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNA-CONICET) y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En 2008 se doctoró en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de París (IEP, Fondation Nationale de Sciences Politiques, especialidad Sociologie politique et politiques publiques, con una tesis doctoral titulada “Néolibéralisme et syndicats en Argentine (1976-1999)”. Ha sido también investigador para varios proyectos para, entre otras instituciones, universidades de Argentina y Francia y en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).