Bravatas en el Salón Oval contra un país socio del BRICS y acusador de Israel por genocidio.
Sudáfrica lideró en la articulación reciente del continente africano a su espacio natural de pertenencia geopolítica, el Sur Global, con su arribo a los BRICS. Más recientemente, se incorporaron al bloque otros países del África, como Egipto y Etiopía en forma plena, mientras fueron asociados Nigeria, Uganda y Argelia. Pero Sudáfrica es, además, integrante del G-20, de hecho este año ejerce su presidencia rotativa, y, por diversas razones, un jugador global en varios frentes. Por eso, el show con que la desafió el presidente estadounidense Donald Trump no puede leerse solo en clave bilateral. La excusa fue un supuesto racismo antiblanco en la cuestión de la tierra.
Los hechos
A comienzos de 2025, después de varios años, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa promulgó la Ley 13 de Expropiación de Tierras. Al establecer la normativa necesaria para llevar adelante una expropiación, la nueva legislación busca ponerse a tono con la Constitución del país. ¿En qué casos se habilitan las expropiaciones sin compensación?
Hay que tener en cuenta que la propiedad de las tierras en Sudáfrica ha sido muy desigual y regulada históricamente en base al argumento de la raza. Con un gobierno creado con bases raciales (en el que solo los hombres blancos tenían derecho al voto), en 1913 se dictó una ley que estableció cuáles eran las tierras a las que limitaban los derechos de ocupación y uso las personas blancas (colonos europeos o sus descendientes) y cuáles las personas nativas. Los primeros recibieron cerca de 90% de las tierras —aunque representaban menos de 20% de la población total— , mientras la población africana recibió poco más del 10% y fue confinada a reservas, conocidas popularmente como bantustanes. A partir de entonces, y junto con la negación de derechos políticos, la segregación racial se institucionalizó: los sudafricanos negros fueron considerados extranjeros en su propia tierra. Esta ley marca el inicio del imaginario tan extendido de que Sudáfrica es un país blanco.
La propiedad de la tierra fue uno de los temas más difíciles en las discusiones de la transición para instaurar un sistema democrático en Sudáfrica luego del régimen de apartheid que terminó oficialmente en 1994, con la celebración de las primeras elecciones democráticas y la elección de Nelson Mandela como presidente.
Hay que recordar que la llegada a esta transición se debió a un acuerdo político a comienzos de la década de 1990. Quienes llegaron a ese acuerdo fueron el Partido Nacional —que gobernaba el país ininterrumpidamente desde 1948 y desde esa fecha había instaurado el régimen segregacionista— y el Congreso Nacional Africano, que para ese entonces era la agrupación política mayoritaria en Sudáfrica. En las mesas de negociaciones hubo temas muy difíciles a encarar, como la creación de una ciudadanía común o la política a seguir con las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Pero uno de los más complicados fue el del acceso a la tierra de quienes habían sido históricamente desposeídos. Cuando se escribió la Constitución de 1996, en un clima mundial donde reinaban las ideas de la globalización y del neoliberalismo, se estableció que la reforma de la tenencia de la tierra no sería compulsiva ni obligatoria, sino que se habilitarían las expropiaciones por interés o propósito público por medio de una compensación acordada por las partes o bien por un tribunal.
En todos los años de gobierno del ANC (en alianza con la central de trabajadores COSATU y con el Partido Comunista) el proceso de reforma de la tenencia de la tierra fue muy lento y las desigualdades en tenencia por grupo racial cambiaron muy poco. Si se toma en cuenta la participación de propiedad u ocupación de tierras en producción por parte de sudafricanos negros, esta pasó de 14,9% en 1993 a 25,5% en 2024. El problema fue abordado en el primer gobierno de Ramaphosa (2018-2023), cuando la Legislatura votó una ley que permitió expropiar sin compensación en ciertas circunstancias de interés público o en caso de que la tierra no estuviera en uso o bien no estuviera ocupada en forma permanente. Esta ley fue finalmente promulgada en enero de 2025 por Ramaphosa, ya en su segunda administración. Su gobierno tiene características distintas: después de haber perdido votos y adhesiones, el ANC formó un gobierno de Unidad Nacional con varios partidos, entre los cuales el más importante en votos es la Alianza Democrática (AD), partido liberal históricamente vinculado con los sudafricanos blancos y que ocupa ministerios significativos. La AD tiene una posición esquiva: acuerda en la necesidad de discutir un acceso a la tierra más equitativo, pero no acepta que no haya ninguna compensación.
Trump en escena
Este fue el principal tema cuando el presidente Ramaphosa viajó a Estados Unidos y fue recibido por el presidente Donald Trump en el Salón Oval en el mes de mayo. En esa ocasión, Trump sorprendió a los visitantes con fotos y un video que serían “prueba” del supuesto genocidio que estarían sufriendo los granjeros blancos en Sudáfrica. Ya su ministro de desguace estatal Elon Musk, un supremacista nacido y criado en Sudáfrica, poco antes de ser eyectado del Gobierno por un enfrentamiento con Trump, había hecho las mismas falsas acusaciones, y estaba presente ahora en la Casa Blanca. Pero Ramaphosa respondió con firmeza sobre la poca o nula veracidad de esas informaciones y se refirió al alto grado de crímenes de sangre en el país. Cedió la palabra a su delegación, compuesta por varias personas blancas: Johann Rupert, el hombre más rico de Sudáfrica; Ernie Els y Retief Goosen, dos campeones de golf, y por John Steenhuisen, ministro de Agricultura, quienes acompañaron las palabras de su presidente.
La denuncia de un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica no es una novedad. Ya en su primera administración, el presidente Trump, sin ningún dato cierto, había denunciado un aumento desmedido de asesinatos de granjeros blancos que no recibían castigo. Pero actualmente el tema se ha amplificado y Sudáfrica ha recibido diversas penalizaciones. Con este argumento, Trump, al tiempo que recortaba programas de ayuda (en temas sanitarios, militares y financieros) al país africano, propiciaba la llegada de varias familias afrikaners (descendientes de los colonos europeos, muchos de ellos granjeros beneficiarios de la ley de tierras de comienzos de siglo XX) en calidad de refugiados. Además, y siguiendo una política aplicada a otros países, Trump impuso nuevas tarifas a las importaciones sudafricanas a Estados Unidos (30% a partir del 1º de agosto). Sudáfrica tiene una balanza comercial positiva con EE.UU. con un abanico de exportaciones variado, que va desde productos agrícolas y minerales hasta automotores. Esta situación se dio en parte por la vigencia de la ley de crecimiento y oportunidades para África (AGOA, por sus siglas en inglés) que permitió a unos 30 países africanos ingresar productos seleccionados en EE.UU. sin impuestos. Vigente desde 2000, AGOA vence en octubre de 2025 y no parece que vaya a ser renovada.
Rol global
Sudáfrica tiene actualmente la presidencia del G20, de cuya reunión de ministros de Relaciones Exteriores no participó el secretario de estado Marco Rubio y a la que difícilmente concurra Trump en noviembre. Y tampoco hay que dejar de lado que Sudáfrica forma parte de los BRICS, un grupo que está en la mira de Trump.
Pero no es solo es un tema económico: la diplomacia independiente de Sudáfrica es objeto de penalización por el actual gobierno norteamericano. La denuncia sudafricana ante la Corte Penal de Justicia al estado de Israel por genocidio en Gaza es un punto central en esta política agresiva de Trump hacia el país sudafricano. Actualmente, Sudáfrica no cuenta con un embajador en Washington, sino solo con un “enviado especial”, encargado de mejorar las deterioradas relaciones económicas y diplomáticas entre ambos países. Se llama Mcebisi Jonas, fue viceministro de Finanzas y es un exitoso empresario en el área de las telecomunicaciones.
La vacancia diplomática se debe a que el embajador Ebrahim Rasool fue expulsado en marzo 2025 por las opiniones vertidas en un webinar de un reconocido think tank sudafricano. Allí sostuvo que Trump estaba “movilizando el supremacismo”. Rasool, de religión musulmana, es una conocida figura pública en su país y en EE.UU. porque fue embajador allí entre 2010 y 2015. En su juventud formó parte del Frente Democrático Unido (UDF), organización antiapartheid no racial que reunió a cientos de agrupaciones opositoras, y por esa participación sufrió prisión. En la etapa post 1994, ya integrado en el Congreso Nacional Africano ocupó diversos cargos en el Estado: fue diputado, asesor y hasta premier (gobernador) de su provincia natal, el Cabo Occidental. Sudáfrica y Estados Unidos han mantenido una relación diplomática, comercial y cultural intensa y fluida en su historia. Hay muchos estudios y análisis que comparan ambas sociedades por su composición multirracial y multicultural. Pero con posiciones divergentes a nivel interno y en la escena internacional, hoy están atravesando una crisis que todavía no llegó al límite.