Podrá impugnarse a Venezuela cuando no sea asediada y desde una posición soberana.
Notas preliminares
Existen algunas premisas que son máximas de vida, y desde ese plano deben trasladarse a la política.
Una de ellas —muy importante para establecer lazos y relaciones humanas que de otro modo se verían muy dificultadas— es tratar de comprender cuál es el punto de vista que tiene la otra persona o el otro término de la relación para justificar sus postulados y sus comportamientos. Para ello es necesario ponerse en la situación del otro y tratar de entender una cantidad de factores que no son necesariamente similares a los que determinan nuestras propias circunstancias.
Otra cuestión que vale también para todos los aspectos de la vida —y por lo tanto también para la política nacional e internacional— es tratar de distinguir una causa de una consecuencia. Porque trastocar los términos de esa relación, y creer que el efecto es la causa, nos llevaría a una interpretación errónea de la realidad.
¿Debemos necesariamente coincidir con todas las medidas de gobierno, con todas las posiciones políticas o con todos los párrafos discursivos de un presidente como Nicolás Maduro? No, no necesariamente. Pero ¿hemos pensado en algún momento que no se puede ponderar la política de un país que hace más de dos décadas vive bajo el asedio del poder económico internacional, de la prensa hegemónica y de las grandes metrópolis neocolonialistas, como si eso no sucediera o como si viviera en la normalidad? ¿Se le puede pedir la misma perspectiva para analizar la realidad y el mismo modo de tomar decisiones, o el mismo estándar de calidad institucional que a un país que vive en paz, en libertad y desarrollo, sin pobreza y con un PBI per cápita elevado como los países nórdicos?
Además, estas particularidades de Venezuela, que de ella se trata, no tienen que ver únicamente con la tensión de un país bajo asedio, a lo que luego me referiré. También tienen que ver con aspectos propios de su naturaleza, su historia y su tradición. La política venezolana acartonada, señorial, al estilo de las élites europea, correspondía a los períodos de gobiernos oligárquicos. Pero cuando se inició un proceso popular, la política comenzó a exhibir todos los rasgos que anidan en lo más profundo de su sociedad. Entonces comenzó a enlazarse con la música, con el canto, con la poesía, con la profunda y nutrida historia de los pueblos originarios, entrecruzados con la negritud. Con esa esclavitud que Simón Bolívar eliminó en 1816 y años después fue restablecida, hasta su abolición definitiva en 1854. Venezuela porta un semblante político más verborrágico y más exuberante que en un país como la Argentina.
Esa combinación de padecimientos comunes y particularidades es la que debería regir una relación de respeto por la autonomía, y al mismo tiempo con lazos de integración de carácter estratégico.
Principio de realidad
Un gobierno, bueno, regular o malo tiene que tener el control del territorio y las instituciones que organizan la vida de la sociedad. En Venezuela, la pretensión de que su presidente, en lugar de quien ejerce aquel control, sea Edmundo González Urrutia, alguien que está ausente, que no armó equipos de gobierno y sólo ha sido reconocido por algunos países extranjeros, no puede ser otra cosa que un acto de servidumbre neocolonial. Un fiasco. O una fantasía, propia de la canción de Cristián Opazo que interpretara Nicanor Parra, “El hombre imaginario”. Como seis años atrás lo había sido la designación de Juan Guaidó por parte del gobierno de los Estados Unidos y de algunos países europeos.
A raíz de aquella experiencia, da vueltas el video de un taxista caraqueño, a quien un medio opositor a Nicolás Maduro le pregunta cómo ve el futuro de Venezuela a partir de la asunción Juan Guaidó, dando por sentada su opinión favorable. A lo que el chofer responde socarronamente: “A partir de Guaidó, luego vendrá Guaitré”. González Urrutia no es Guaidó 2.0 como se esperaba, sino más bien la Segunda Temporada de una saga cuya levedad ya resulta tediosa.
¡Las actas, las actas!
La remanida cuestión de las actas del comicio de julio de 2024 puede deslindarse en dos campos. El primero es el de la aviesa intención política de quienes situaron el tema y con ese lenguaje, para cuestionar la legitimidad electoral como un mecanismo más de desestabilización. Lo que se suma al pedido de intervención militar extranjera, sanciones penales y económicas, bloqueo comercial, sustracción de la moneda local, expropiación de la comercializadora de naftas CITGO en los Estados Unidos, decomiso de las reservas de oro depositadas en la bolsa de Londres, sabotajes digitales e interrupción de las centrales eléctricas. Es decir, un tema instalado con premeditación por sectores de la oposición con pleno respaldo de organizaciones extranjeras y del plexo de medios hegemónico con el propósito de desestabilizar al gobierno.
El otro campo está formado por personas y organizaciones bien intencionadas, impulsadas por el lógico propósito de que se garantizara la transparencia electoral. Aquí no hay un objetivo antiético, sino loable. Pero, lamentablemente, guiado por una profunda desinformación acerca de las características del probado sistema electoral de Venezuela, que no consta de certificados en papel como otros sistemas latinoamericanos o el propio sistema argentino, sino que se trata de un sistema completamente electrónico. Pasible de atacar para retrasar la transmisión de datos por hackeo digital, pero no desde el punto de vista de la inviolabilidad de los datos una vez incorporados al sistema.
Por eso, frente al cuestionamiento del veredicto del Consejo Nacional Electoral, inmediatamente después de las elecciones del 28 de julio se inició una causa judicial ante la máxima instancia constitucional del país, como lo es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Allí fueron convocados todos los partidos políticos, candidatos, organizaciones y especialistas que habían intervenido en la elección y/o que consideraran tener aportes importantes para desentrañar la verdad sobre sus resultados. El equivalente a las actas de papel obra ante dicha máxima autoridad constitucional, independiente del poder electoral autónomo y del Poder Ejecutivo. Sorprendentemente, la única fuerza política y el único candidato de las diez opciones electorales que no se presentó en la causa fue la que lidera María Corina Machado y postuló a Edmundo González Urrutia.
Esto debería servir para tapar el bache informativo de los sectores bien intencionados. La inundación de los espacios de la prensa con la palabra actas, actas, actas, y así hasta el infinito, tiene el mismo objetivo que algunos años antes tenía insistir con que Lula se había apropiado ilegalmente de un departamento, o que Néstor y Cristina Kirchner tenían dinero del PBI argentino enterrado en la meseta patagónica. El mismo sentido con que se fraguó la idea de que Evo Morales tenía un hijo no reconocido unos días antes del plebiscito que posibilitara su tercera candidatura. El mismo objetivo que inventó que Irak almacenaba armas para la guerra bacteriológica para justificar la invasión y la destrucción del país, y para avanzar luego en la destrucción de otros Estados del mundo árabe, por ser un área neurálgica para la obtención de petróleo y para el comercio internacional en general.
Pero en cuanto a los grupos y organizaciones desestabilizadoras, éstas han demostrado sobradamente que nunca tuvieron la intención de verificar los resultados. Su objetivo primigenio, decidido con antelación al comicio, era deslegitimar toda la arquitectura institucional del país, lo cual la convierte en una oposición golpista, no institucional. Si su intención fuera verdaderamente mejorar la situación de Venezuela, pensar en su pueblo, corregir los errores del gobierno, el camino es el de los canales constitucionales, no el de crear el ambiente para una crisis humanitaria, y reclamar luego la intervención militar de los Estados Unidos.
¡Dictadura, dictadura!
Otro de los factores que —combinando elementos exógenos e internos— corroboran la condición de Venezuela como país bajo asedio, lo constituyen las operaciones de linchamiento mediático de sus gobernantes, de modo de instalar una imagen de profundo desprestigio en la sociedad. Así, se termina construyendo un imaginario a partir del cual un sector duro de la sociedad termina por negarse a toda argumentación alternativa para aferrarse al prejuicio, a la sentencia, en lugar de informarse para obtener una perspectiva más vasta de la realidad.
Según dicha estrategia, en Venezuela gobierna una dictadura. Pero ¿qué curioso?, una dictadura en la que la oposición gobierna en cuatro Estados y en más de cien alcaldías, y donde se garantiza la participación de nueve candidaturas presidenciales de oposición. Una dictadura que no censura a la prensa ni prohíbe las movilizaciones y actos políticos de todos los espacios. Una dictadura que no recurre al toque de queda, ni al estado de sitio, ni cercena los derechos de opinión, reunión y asamblea. Una dictadura que no deroga ni esconde la Constitución sino que convoca al pueblo para su reforma, de modo de reforzar los mecanismos de participación popular. Una dictadura que tiene previstas siete instancias electorales para este 2025.
En definitiva, no se trata de un gobierno perfecto, sin corrupción y sin posibles abusos a los derechos humanos en alguna instancia, y con un Estado impecable, todo lo cual debe ser reprochado, condenado y corregido, al igual que en todos nuestros países. Pero, definitivamente, está muy lejos de que estén dados los requisitos para delinear el estereotipo de una dictadura. Y si todo esto no fuera suficiente, ¿cuál de todos los sistemas políticos de América está en condiciones de erigirse en modelo universal, y desde allí justificar su injerencia en los asuntos que los propios venezolanos y venezolanas tienen que dirimir?
María Corina Machado no fue proscripta como candidata opositora, sino que está inhabilitada por el incumplimiento de la legislación penal interna de Venezuela, como lo hubieran estado Mauricio Macri y Patricia Bullrich (respectivamente expresidente de la Nación y expresidenta del partido opositor) si Alberto Fernández hubiera tenido la valentía de dar continuidad a las causas judiciales que inició contra ellos por su responsabilidad penal en el préstamo del FMI y por su participación en el golpe de estado de 2019 en Bolivia. En el caso de Machado, se le imputa haber atizado la estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos de “intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo, socavar el apoyo popular, alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y el desabastecimiento, incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga del capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro” (Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur, febrero de 2018).
Clima de normalidad
Luego de muchas horas —en dos oportunidades en los últimos seis meses— de haber recorrido las calles y avenidas de Caracas, sus barrios más populares y los más opulentos, de transitar sus autopistas, entrar a bares, farmacias, tiendas y mercados, lo que se respira es un clima de normalidad. Hay consumo, circulación del tránsito, oferta, variedad y reposición de productos, etiquetas que denotan la fabricación nacional de muchos de ellos, resultado de una diversificación de la industria como consecuencia del bloqueo de las importaciones. Los productores e industriales nacionales, vinculados al desarrollo interno y no a la externalización de la renta del petróleo y la minería, reconocieron de inmediato los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Y es porque desean y necesitan seguir adelante. Se respira un clima inocultable de recuperación económica completamente alejado del desabastecimiento y la crisis de años anteriores, la que es admitida incluso por quienes nos trasmitieron haber votado a la oposición.
La herida que falta restañar es la emigración de tantas y tantos jóvenes, que mutiló a numerosas familias venezolanas. Alrededor de 2017 y 2018, con el bloqueo comercial y la suspensión de las entregas de petróleo entre otras tantas sanciones, se registró una abrupta caída del producto bruto, causando ese profundo malestar buscado por la estrategia injerencista y prooligárquica que señalé párrafos atrás. Eso causó una masiva migración forzada de jóvenes que trabajan en nuestros países, recuerdan con enojo aquella situación y que, desde luego, nos expresan su posición crítica respecto de la revolución bolivariana.
El impulso de un nuevo mandato político, la recuperación económica, la expectativa de una reforma constitucional que incremente la participación popular, la exportación de petróleo a partir de una nueva inserción geopolítica relativa a los bloques emergentes del mundo, y la necesidad de corregir los errores cometidos, deberán contribuir a formar el ambiente propicio para el regreso de esos jóvenes para iniciar un nuevo capítulo, regreso que, por otra parte, ya ha comenzado.
El valor de la Paz
Hay un tramo del discurso de Nicolás Maduro en la clausura del Festival Antifascista, el 11 de enero, que, como mínimo me resulta altisonante, cuando no inconveniente. Es cuando dijo: “iremos avanzando en la capacidad de derrotar pacíficamente al fascismo, pero si se diera el caso, iremos avanzando para derrotarlo con las armas en la mano y con la lucha armada legítima de la Humanidad. Ojalá no. Si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra Patria, dar la batalla y volver a ganarla. No somos líderes tibios, somos la Revolución Bolivariana del siglo XXI”.
He sostenido desde hace años que uno de los valores distintivos que favorecen a nuestra región, seguramente el máximo junto a sus riquezas naturales, es la Paz. Si un día Nuestra América iniciara un proceso de conflictividad crónica de tipo armado arrastrada por razones políticas, étnicas o religiosas, perdería su tesoro más preciado en la lucha por su soberanía, a merced del complejo militar industrial y los fondos de inversión que lo sostienen.
El atenuante que señalo ante la necesidad de “entender al otro” que expresé en el primer párrafo de esta nota, es que —una vez más— debemos ubicarnos en el lugar de Venezuela, un país bajo asedio. El 10 de enero, en Argentina, Guillermo Francos dijo textualmente: “esperamos que haya una reacción de sectores de las fuerzas armadas de Venezuela a favor de su pueblo”. Y el 11 de enero, desde Cúcuta, el expresidente y hombre fuerte de Colombia Álvaro Uribe proclamó: “lo que nosotros queremos, lo que propugnamos es una intervención militar internacional junto con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura”.
En el marco de un futuro pacífico promisorio como creo se aproxima en la hermana Venezuela, hubiera preferido que aquellas palabras de Maduro no se pronunciaran. Pero debo ponerlas en el contexto de ambas convocatorias militares efectuadas nada menos que desde la derecha de Colombia y del gobierno argentino. Con estrechos lazos con Donald Trump, quien en su primer mandato también amenazó con una intervención militar y con la aplicación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), destinado a repeler toda agresión extracontinental en territorio americano, como si el gobierno de Nicolás Maduro lo fuera.
¿Por qué la saña sobre Venezuela?
¿Sólo por el petróleo? Además, por el oro, por el coltán y las tierras raras. Pero también por la tenacidad del chavismo para visibilizar ante el mundo la inequidad intrínseca del neoliberalismo, por su determinación a la hora de adoptar otra inserción geopolítica, y su obstinación por concientizar, organizar y movilizar a la población.
Desde sus comienzos, el modelo bolivariano generó, además, diversas y variadas iniciativas de integración regional, todas ellas guiadas por la idea de apropiación soberana de la renta de los recursos estratégicos, nueva arquitectura financiera, defensa común de la riqueza. El ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la UNASUR, CELAC, Petro Caribe, el NO al ALCA y la propuesta de un extenso ducto que conectara la cuenca energética del Orinoco con la Amazonia, el polo productivo del Sur de Brasil y los países del Cono Sur, se constituyeron en medidas que el imperialismo del capital financiero globalizado no estaba dispuesto a tolerar.
Por todas estas razones había que convertir a Venezuela en un país bajo asedio y propagar la demonización de su gobierno a través de toda la potencia de la prensa hegemónica del occidente geopolítico. Toda detección de actos de corrupción, todo abuso de los derechos civiles y políticos que debamos condenar, toda asignatura pendiente en la construcción de un Estado ágil y eficiente, debe ser enmarcada en el contexto descripto. El de un país y un pueblo inmensamente ricos que decidió emprender un camino de autonomía en la toma de sus decisiones y que por ello sufrió el bloqueo económico, tecnológico, financiero y comercial, y más de 240 sanciones políticas y económicas, tanto a sus instituciones como a sus gobernantes.
Quien crea que los problemas de ese país hermano, de donde acabo de volver a comprobar “in situ” que vive y tratará de seguir viviendo en paz a pesar de todo, se deben a un mal gobierno y no a la desestabilización y el sabotaje impuestos desde el neocolonialismo, estará invirtiendo la relación de causa-efecto, tan necesaria para afrontar correctamente la realidad. La causa es el bloqueo. Y, si bien ningún gobierno está exento de errores, toda deficiencia institucional debe ser interpretada en ese contexto.
Cuando el bloqueo se levante, cuando el pueblo venezolano se reapropie de los recursos del petróleo y sus derivados, cuando vuelva a disfrutar de un PBI per cápita proporcional a sus grandes reservas de energía, entonces pondremos en primer plano nuestras críticas, siempre en el marco del principio de No Injerencia en los asuntos internos de ningún país soberano.
Y sin olvidar nunca que, cuando a principios de este siglo la Argentina estaba relegada por el sistema financiero internacional, el presidente Hugo Chávez la ayudó generosamente a salir a flote y a iniciar más de una década de prosperidad.